“La mayoría de quienes sufrimos las crisis del agua, nos queda cada vez más claro que las aguas nacionales y los recursos federales están beneficiando a una poderosa minoría, mientras que los pobladores en general pagamos el costo económico, social y ambiental, que incluye desde altos desembolsos, enfermedades por la contaminación hídrica, hasta la criminalización de los defensores del agua. Quienes controlan el agua y toman hoy las decisiones son los beneficiarios de este modelo de gestión hídrica, los afectados por él, son excluidos de la capacidad decisoria".