En la cuenta de los días, en 2015 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reconoció que la tortura era la segunda violación de derechos humanos más denunciada en México, sólo superada por la detención arbitraria. Sin embargo, el número de cargos formulados por esta práctica es alarmantemente bajo. Un tercio de las personas que han presentado quejas por tortura ante comisiones de derechos humanos son mujeres, quienes han experimentado en carne propia la naturaleza sexual de la violencia utilizada durante los arrestos. Insultos, manoseos, amenazas, descargas eléctricas en pechos y genitales, violaciones, son métodos específicos de trasgredir su integridad física y emocional. Pese a que México ha signado compromisos para prevenir y castigar la tortura, carecemos de salvaguardas efectivas contra ella.