Tuvo que pasar un sexenio para que las autoridades de la Ciudad de México reconocieran que se habían equivocado al ejecutar penas contra quienes participaron en manifestaciones entre el primero de diciembre de 2012, durante la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, y el primero de diciembre de 2015. El Ejecutivo local, José Ramón Amieva, ofreció una disculpa pública a los afectados y promulgó una amnistía, la cual se espera favorezca a poco más de 500 personas, acusadas por delitos como ataques a la paz pública, ultrajes a la autoridad, rebelión, motín y sabojate. La Ciudad de México es el principal punto de manifestaciones del país, pues aquí se realizan un promedio de 9 al día.